El Fiscal General, los Fiscales Regionales y fiscales y fiscales adjuntos de toda la provincia le transmitieron su preocupación a Miguel Lifschitz. Fue en dos reuniones que tuvieron esta tarde en Rosario. Le manifestaron al mandatario que la norma aprobada por la Legislatura es inconstitucional y afecta la autonomía e independencia del órgano de persecución penal.
El Fiscal General, Jorge Baclini, los cinco Fiscales Regionales y 11 fiscales de toda la provincia se reunieron esta tarde con el gobernador, Miguel Lifschitz, en la ciudad de Rosario. Fue en el marco de dos reuniones realizadas en la sede de la gobernación en la ciudad del sur provincial, en la que le manifestaron al mandatario su preocupación por la ley que aprobó la Legislatura y que modifica sustancialmente las leyes 13.013 y 13.014.
“Le transmitimos personalmente al gobernador la postura institucional consensuada en la Junta de Fiscales”, informó Baclini. “Le dijimos a la máxima autoridad provincial que estamos convencidos que la norma aprobada por los legisladores es un avasallamiento a la independencia de los poderes propia de una república y aniquila la autonomía del órgano encargado de la persecución penal”, agregó Baclini. En tal sentido, sostuvo que “modifica el régimen de remoción de los Fiscales y Fiscales Adjuntos, que ahora pasa a depender exclusivamente del Poder Legislativo y los coloca en una situación de inestabilidad y precariedad en relación a su objetividad técnica y funcional”.
“Entendemos que este nuevo mecanismo que aprobaron los diputados y senadores es de dudosa constitucionalidad y coloca a la provincia de Santa Fe en un lugar de retroceso de su calidad institucional en relación a las provincias argentinas”, aseguró el Fiscal General. “Si bien la modificación fue aprobada unánimemente, no deja de sorprendernos que se hizo de forma sorpresiva, intempestiva, sin debate previo y en la última sesión ordinaria del año”
El titular del MPA añadió que “los Fiscales y Fiscales Adjuntos deben estar sometidos a controles jurídico-disciplinarios. Así está establecido en la norma aún vigente que, por lo demás, se ajusta a lo que impone el artículo 91 de nuestra Constitución Provincial y es la forma que utilizan las leyes orgánicas de los Ministerios Públicos de todo el país para regular la temática”.
Baclini comentó que “el gobernador se comprometió a estudiar la ley aprobada y nos dijo que luego analizará los pasos a seguir”.
Presentes
Baclini estuvo acompañado por los cinco Fiscales Regionales: Carlos Arietti (Fiscalía Regional 1, Santa Fe); Patricio Serjal (Fiscalía Regional 2, Rosario); Alejandro Sinopoli (Fiscalía Regional 3, Venado Tuerto); Rubén Martínez (Fiscalía Regional 4, Reconquista); y Diego Vigo (Fiscalía Regional 5, Rafaela).
En la segunda audiencia, también estuvieron presentes 11 fiscales y fiscales adjuntos de toda la provincia: Estanislao Giavedoni y Milagros Parodi (Fiscalía Regional 1); Sebastián Narvaja, Guillermo Apanowicz y Gisela Paolicelli (Fiscalía Regional 2, Rosario); Matías Merlo y Paula Borrello (Fiscalía Regional 3); Gustavo Latorre y Leandro Benegas (Fiscalía Regional 4); y Martín Castellano (Fiscalía Regional 5).
Las máximas autoridades y funcionarios del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) también participaron de la segunda audiencia.
Consenso Nacional
Baclini también se refirió al “inmediato rechazo que generó la aprobación de la modificación de las leyes 13.013 y 13.014 en las instituciones más representativas del país vinculadas a la persecución del delito, al Derecho Penal y al Derecho Procesal Penal”. En tal sentido, enumeró los documentos que hicieron público el Consejo de Política Criminal de los Ministerios Públicos de la República Argentina; el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina; y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación. También mencionó los pronunciamientos de la Asociación Civil de Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina y una misiva que envió al gobernador la Asociación Argentina de Fiscales. Además, el Consejo Federal de la Defensa Pública; la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal; la Asociación del Pensamiento Penal; y el INECIP. En tanto, en nuestra provincia también se manifestaron el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal; el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia; y el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.
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